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La explotación sexual infantil es una problemática que, lamentablemente, está muy presente en Chile y en muchas partes del mundo. Es una realidad que vulnera los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, quienes merecen vivir en un entorno seguro, lleno de amor y protección. La explotación sexual causa daños físicos y emocionales profundos, y también deja secuelas que pueden acompañar a las víctimas durante toda su vida.
Es fundamental que, como sociedad garante de derechos, tomemos conciencia de la gravedad de esta problemática y actuemos con decisión. La prevención debe ser una prioridad, a través de campañas educativas que sensibilicen a la población sobre los riesgos y las formas de protección. Además, las instituciones debemos fortalecer los mecanismos de denuncia y protección, garantizando que las víctimas tengan acceso a apoyo psicológico, legal y social sin temor a represalias.
Particularmente en Chile está avanzando en el ámbito digital, con redes que operan junto al crimen organizado y que invaden la vida cotidiana de las víctimas, muchas de las cuales estaban bajo protección del Estado. La tecnología, las redes sociales y la desconexión emocional en la sociedad facilitan que niños, niñas y adolescentes sean captados y explotados, muchas veces en espacios familiares, escolares o sociales. Datos recientes de la Defensoría de la Niñez, entre 2022 y 2023 muestran un aumento en los casos, especialmente entre adolescentes mujeres, y el Ministerio Público señala que una parte significativa de las víctimas estaban bajo cuidado del Estado cuando ocurrieron los delitos.
Los explotadores suelen actuar en redes de relaciones, usando estrategias como la cercanía y la manipulación, y operan en todos los ámbitos de la vida de las víctimas, lo que dificulta su detección. Además, las redes sociales se han convertido en un escenario clave para estos delitos, donde los explotadores usan identidades falsas y plataformas digitales para contactarlos y, en algunos casos, gestionar encuentros presenciales. La situación revela fallas en los sistemas de protección institucional y la necesidad urgente de fortalecer las políticas públicas para proteger a la infancia. En definitiva, se requiere una mayor participación y conocimiento de los adultos sobre el mundo digital para prevenir y detectar estos delitos.
Carolina Hidalgo Aguayo
Coordinadora Técnica- Línea de Protección de Derechos
Tierra de Esperanza