En enero de este año, la Defensoría de la Niñez puso la alerta sobre el preocupante aumento de homicidios en niños, niñas y adolescentes. Esta alarmante realidad no ha disminuido con el paso de los meses, manteniéndose como una preocupación constante que exige una atención y acción urgente.
La respuesta integral del Estado es imperativa. Lo sucedido en comunas como Quilicura y en otros puntos del país nos llama, a enfrentar como sociedad los desafíos actuales de la política pública. Las leyes, por sí solas, no son suficientes; deben aplicarse con eficacia para responder verdaderamente a las necesidades de la infancia.
Las cifras son dolorosas, reflejando una crisis que roba vidas a niños, niñas y adolescentes. La seguridad debe ir de la mano con una estrategia de prevención integral. Es crucial que la respuesta del Estado se centre en varios frentes: la salud mental, la protección y reparación del maltrato, la prevención del consumo de drogas, un abordaje profundo a la marginación escolar y la reinserción socioeducativa, por mencionar algunos ámbitos.
Por lo anterior, lo más urgente es el compromiso transversal de los actores que inciden en las transformaciones concretas, donde las organizaciones de la sociedad civil también son un aporte desde la experiencia para proyectar el fortalecimiento de las estrategias que se adopten. Es fundamental una mirada integral para dar respuesta a una crisis que tiene a la infancia expuesta a vivir sin la protección que el Estado debe garantizar.
Rafael Mella Gallegos, Director Ejecutivo de Fundación Tierra de Esperanza