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Con el objetivo de difundir la importancia de asegurar una educación pertinente y de calidad para jóvenes en conflicto con la justicia, Tierra de Esperanza ha impulsado una serie de reuniones en conjunto con organismos de la sociedad civil, entre ellos CORFAL, Fundación Ciudad del Niño y SERPAJ para subrayar la necesidad de dar continuidad a la oferta programática complementaria de Apoyo Socioeducativo (ASE), que es fundamental para adolescentes y jóvenes en esta situación, en el marco de la implementación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (SNRSJ).
En este contexto, se han realizado audiencias con el Servicio de Reinserción Social Juvenil y su equipo técnico, en las que se presentaron los resultados de un diagnóstico sobre el derecho a la educación de adolescentes y jóvenes que cumplen medidas y sanciones en la macrozona norte del país. Alba Sepúlveda, coordinadora técnica de la línea de educación de Tierra de Esperanza, señaló que “esta sistematización fue fruto del trabajo conjunto con las organizaciones mencionadas y permitió visibilizar las brechas y desafíos socioeducativos que enfrentan los adolescentes en la zona norte”.
Sepúlveda agregó que “la relevancia de asegurar una oferta educativa adecuada para jóvenes en conflicto con la justicia, alineada con los principios de la Convención Internacional de los Derechos del Niño es fundamental. Además, subrayó que estas acciones se enmarcan en la obligación del Estado de garantizar el acceso a derechos fundamentales, un compromiso reafirmado en instancias internacionales como el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos”.
En esta misma línea Rafael Mella, director ejecutivo de Tierra de Esperanza, indicó que “nuestra convicción sobre la importancia de los programas de apoyo educativo en justicia juvenil se basa en la necesidad de brindar una oferta especializada que, idealmente, debería ser proporcionada por el Ministerio de Educación. Sin embargo, la realidad muestra que esto no ha ocurrido, y es poco probable que suceda en el corto o mediano plazo. Creemos que es crucial que este servicio mantenga su oferta, y estamos comprometidos en sensibilizar sobre la situación de los jóvenes con los que trabajamos”.
Además, indicó que “desde nuestra experiencia de intervención directa, que se remonta a hace 17 o 18 años, comprendemos esta necesidad con claridad. Aunque el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil ha delegado en el intersector, y particularmente en el Ministerio de Educación, la tarea de ofrecer una respuesta, insistiremos en los distintos espacios de conversación para que se reconsidere esta postura. Mientras tanto, preparamos nuestros programas de sanción para ofrecer una alternativa educativa especializada, con profesionales capacitados en el ámbito educativo, asegurando al menos una línea educativa dentro del programa de sanciones. Sabemos que lo ideal sería contar con un programa separado, ya que la relación educativa es distinta en el contexto del derecho penal”, concluyó Mella.
Entre las principales acciones de incidencia se incluyen la consolidación de alianzas interinstitucionales con organismos que ejecutan programas de medidas y sanciones del Servicio en la macrozona norte, el levantamiento de un diagnóstico sobre el estado de satisfacción del derecho a la educación de adolescentes y jóvenes en conflicto con la justicia, y la presentación de propuestas de mejora en mesas técnicas junto al SNRSJ y el Ministerio de Educación.
Este esfuerzo conjunto está orientado a que las políticas públicas respondan a las necesidades de los jóvenes, promoviendo su reinserción educativa y social, como también lo establece la ley de responsabilidad penal adolescente 20.084.
Principales brechas detectadas:
– Discriminación en la inscripción de matrícula o traslado por aplicación de Aula Segura.
– Fechas acotadas y estrictas para matrículas e inscripción en modalidades de nivelación de estudios, sin priorización para los sujetos de atención del Servicio.
– Cancelación automática de matrícula por inasistencia, debido a causas externas al control del usuario/a.
– Ausencia de actividades extraescolares que promuevan la participación prosocial de los adolescentes y jóvenes.
– Inexistencia de una oferta educativa adaptada a las necesidades, intereses y contextos locales de los adolescentes.
– Situaciones de estigmatización, como señalamientos y exposición de información sensible, entre otras.
Principales desafíos:
– Prevenir la regresión de derechos educativos en el proceso de transición del Sename al SNRSJ.
– Recuperar la especialización en la oferta educativa en contextos de justicia juvenil.
– Mantener los programas ASE hasta que el intersector pueda ofrecer una oferta pertinente y adaptada a las necesidades de los adolescentes y jóvenes.
– En caso de que no se logre mantener la continuidad de los programas ASE, crear una oferta con el mismo nivel de especialización socioeducativa.