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Región del Biobío. El seminario contó con una alta participación y tuvo como objetivo profundizar en la comprensión de la explotación sexual infantil, una de las vulneraciones más graves que afectan a niños, niñas y adolescentes en el país. La jornada reunió a representantes del ámbito académico, judicial, policial y de diversos organismos públicos, incluidos integrantes de la mesa interinstitucional que trabaja esta temática a nivel nacional, iniciativa que contó con el patrocinio del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, la Defensoría de la Niñez y la colaboración de la Universidad del Desarrollo.
Durante la apertura, el director ejecutivo de Fundación Tierra de Esperanza, Rafael Mella Gallegos, destacó la relevancia de avanzar en un trabajo articulado entre instituciones del sistema de protección. Señaló que “cada actor del Estado debe asumir su responsabilidad para garantizar una atención prioritaria ante vulneraciones graves que afectan a la niñez y adolescencia, especialmente considerando que quienes viven estas situaciones suelen encontrarse en contextos que incrementan su riesgo vital, como experiencias de calle, consumo de drogas, dificultades de salud mental o condiciones de desprotección extrema”.
La jornada continuó con las exposiciones de Carolina Hidalgo, Trabajadora Social y Coordinadora Técnica de la Línea de Protección de Derechos de la institución, y de Belén Ortega, investigadora especializada, quienes presentaron resultados de una investigación realizada por Tierra de Esperanza para la Subsecretaría de la Niñez, denominada “Diagnóstico de Rutas, Nudos Críticos y Modelo de Intervención en Explotación Sexual en Niñas, niños y Adolescentes”. Ambas profesionales destacaron que 91,1% de las víctimas atendidas son mujeres, con una edad promedio de 14 años; el 98,1% de los casos ingresa con una medida de protección vigente, lo que evidencia trayectorias previas de múltiples vulneraciones; el 71,2% corresponde a niño o niña utilizado en actividades sexuales remuneradas”, seguido de pornografía infantil (20,7%). Las expositoras también dieron cuenta que el 98,1% de los niños, niñas y adolescentes (NNA) que ingresan a un programa de explotación sexual ya tenían una medida de protección vigente por otra causa. En este contexto, recordaron el mandato de la Convención sobre los Derechos del Niño, que obliga a los Estados a adoptar medidas efectivas para prevenir y sancionar toda forma de abuso, explotación, venta, tráfico y trata de niños, niñas y adolescentes.
En tanto, Anuar Quesille, abogado y Defensor de la Niñez, abordó el fenómeno desde los marcos legales y proteccionales vigentes, profundizando en los desafíos, brechas y oportunidades para fortalecer la respuesta institucional. Subrayó la importancia de mejorar la coordinación entre organismos, robustecer los tiempos de respuesta, avanzar en especialización dentro del sistema judicial y asegurar garantías efectivas para la restitución de derechos. También destacó la necesidad de una comprensión más profunda de la fenomenología de la explotación sexual por parte de los Tribunales de Familia y Penales, así como de una mayor trazabilidad en las investigaciones, considerando la multiplicidad de denuncias que muchas veces recaen en distintos fiscales y equipos investigativos.
Entre las oportunidades para fortalecer el sistema, Quesille relevó la existencia de un órgano rector encargado de diseñar e implementar la política pública de niñez y adolescencia, que incluye ejes específicos sobre protección contra la explotación sexual. En este marco, el instrumento contra la explotación sexual liderado por la Subsecretaría de la Niñez se presenta como una herramienta clave para abordar, de manera integral, la prevención, protección, investigación y reparación. Asimismo, destacó el rol de las mesas de articulación regionales y nacionales, que operan bajo la Ley N° 21.430 y permiten reunir a actores del ámbito de la salud, educación, turismo, seguridad y otros sectores, favoreciendo la coordinación interinstitucional necesaria para enfrentar la explotación sexual de manera efectiva, profundizó en su intervención.
La actividad concluyó con un espacio de diálogo y reflexión que reunió a especialistas, profesionales y representantes del sistema de protección, reafirmando el compromiso intersectorial de avanzar hacia mayores estándares de seguridad y restitución de derechos para niños, niñas y adolescentes en el país.
